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Transparencia e ingresos del gobierno
En 1998, cuando Newmont Mining Corporation inició su empresa conjunta, la mina de cobre Batu Hijau en Indonesia, creó un programa para promover la transparencia en los pagos de participación en los ingresos a los gobiernos anfitriones. Con su primer pago de regalías, Newmont publicó un anuncio a toda página en periódicos locales y regionales detallando la cantidad de dinero transferida al gobierno nacional. Para los pagos subsiguientes, que totalizaron más de $38 millones en el primer trimestre de 2002, la compañía generó una cobertura de noticias que detallaba el pago de regalías, los documentos de transferencia y el número de cuenta de depósito. Legalmente, un porcentaje de las regalías debe regresar a la región de impacto pero, en realidad, a menudo se retrasa o no se envía en absoluto. En un primer momento, las autoridades regionales, cuyo cobro de regalías mineras se vio súbitamente expuesto al escrutinio público, reaccionaron tratando de negar los pagos. Sin embargo, a lo largo de un año, tanto las autoridades locales como las regionales utilizaron la mayor transparencia y cobertura de los medios de comunicación para presionar al gobierno nacional para que devolviera los fondos más rápidamente a la región.

Estos estándares, procedimientos y expectativas deben dejar en claro que los empleados y agentes deben cumplir con todas las leyes y regulaciones, especialmente absteniéndose de sobornar y otras formas de conducta corrupta con la intención de influir en las decisiones oficiales.
FOMENTAR LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS GUBERNAMENTALES
Los líderes empresariales responsables deben alentar a los gobiernos a adoptar programas formales para guiar las decisiones y acciones de los funcionarios públicos a través de normas, procedimientos y códigos de conducta establecidos. Estas normas y procedimientos deben abordar cuestiones como los valores del servicio público, los conflictos de intereses, el uso de cargos públicos para obtener beneficios privados y la aceptación de contribuciones políticas y sobornos. Los estándares y procedimientos del gobierno ayudan a asegurar que los funcionarios del gobierno respeten la ley y eviten incluso la apariencia de improcedencia. La creación de normas y procedimientos claros de los que los funcionarios públicos deben rendir cuentas contribuye a infundir respeto y confianza pública en las instituciones gubernamentales.
Se debe alentar a los funcionarios públicos a ir más allá del mero establecimiento de normas y procedimientos. Los funcionarios públicos deben ser contratados y asignados de manera transparente y deben recibir una compensación adecuada para mantener a sus familias. 
sin recurrir a la corrupción. Se debe impartir capacitación y educación para crear conciencia sobre los efectos devastadores de las prácticas corruptas en el funcionamiento de la gobernanza pública, así como en el crecimiento económico y el capital social. Los mecanismos de supervisión para supervisar y auditar las funciones gubernamentales que corren un riesgo especial de corrupción son esenciales, especialmente cuando los funcionarios públicos se muestran reacios a informar de sus preocupaciones. Por último, estas normas y procedimientos deben cumplirse y el gobierno debe responder adecuadamente cuando se descubran los casos de soborno y corrupción.
Sin embargo, los líderes empresariales también deben reconocer que la buena gobernanza pública requiere recursos. La compensación razonable de los funcionarios públicos, por ejemplo, tiende a reducir la corrupción, pero debe pagarse, en parte, con los impuestos que pagan las empresas. La falta de pago de impuestos a las empresas cuando el gobierno está tratando de reformar hace que los esfuerzos de reforma sean prácticamente infructuosos. Formar parte de la solución a este desafío de desarrollar una economía de mercado requiere pagar la parte justa del costo del gobierno que le corresponde a la empresa.

Papel del sector privado en el proceso de regulación
El objetivo último de la buena gobernanza pública es crear condiciones en las que los mercados funcionen de forma independiente y faciliten una competencia leal. Estas condiciones ayudan a las empresas innovadoras, eficaces y eficientes a tener éxito y crecer, al tiempo que evitan que las empresas ineficientes saqueen los recursos públicos. Crean oportunidades para aumentar la inversión y el comercio.
En condiciones de buena gobernanza pública, el sector privado tiene un papel vital para influir en el gobierno a fin de que adopte leyes, reglamentos y prácticas diseñados para permitir que el mercado funcione de manera independiente. Esta actividad debe llevarse a cabo sobre una base transparente diseñada para beneficiar a todas las partes interesadas en el desarrollo de una economía de mercado y de la sociedad civil.